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Las reuniones del presidente Mauricio Macri de la semana pasada con los gobernadores de Río Negro y de Chubut, Alberto Weretilneck y Mariano Arcioni, terminaron de redondear la ayuda crediticia del Gobierno nacional a las provincias que abran un plan de retiros voluntarios a estatales para ajustar el gasto público, tal como está previsto en el Pacto Fiscal.

La promesa de asistencia que Macri reveló a los mandatarios patagónicos junto con el ministro del Interior Rogelio Frigerio -que adelantó este medio en la edición del jueves pasado- despertó las consultas de otros distritos, que tienen planes de achicar el plantel de estatales con este tipo de programas.

Además de Río Negro y Chubut, los primeros notificados, se sumaron consultas de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Tierra del Fuego y Salta -estas últimas dos ya anunciaron la apertura de los retiros voluntarios junto con otras medidas de contención del gasto, como el congelamiento de salarios a la planta política.

Otros distritos, como Mendoza, del radical Alfredo Cornejo, que viene afinando el lápiz para mostrar más eficiencia, plantearán la intención de suscribirse en los próximos días, cuando funcionarios provinciales estén en Buenos Aires.

La financiación nacional a planes de retiro voluntario está contemplada en un punto del Pacto Fiscal -firmado por todos los distritos a excepción de San Luis-, que aún resta ratificarse en nueve legislaturas provinciales. Pero la voluntad del Gobierno terminó de confirmarse la semana pasada en las cumbre bilterales de Villa La Angostura.

Fuente: Ámbito

Desde el Ministerio del Interior aclararon a este medio que no se trata de subsidios, sino de “préstamos a tasa de mercado” y que “se puede financiar a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial”. Para esto, luego del pedido formal (hasta ahora todas las consultas fueron informales), el gobierno nacional deberá aprobar la operatoria, y el requisitó será el orden en las cuentas públicas.

Ayer, el neuquino Omar Gutiérrez confirmó ante medios locales que Nación “está estudiando la metodología por la cual van a instrumentar esta línea”. Y aclaró, casi a modo de anticipo: “El retiro voluntario es un acuerdo de partes, tiene que haber consentiemiento del empleado y es facultad del Gobierno provincial como empleador consentir o rechazar esa petición”.

Tierra del Fuego se adelantó en la cuestión. Además de freezar sueldos políticos, ya lanzó un plan de retiros voluntarios. El Gobierno de la peronista Rosana Bertone, a tavés de la Ley 1.200 del 28 de diciembre pasado instauró para quien acepte el plan una suma fija inicial (una suerte de indemnización) y el pago del 60% del salario durante 36 meses. Una propuesta de este calibre podrá ser replicada como combo estándar en el resto de los distritos.

El salteño Juan Manuel Urtubey, en un decreto publicado a finales de noviembre, también autorizó los retiros, en un plan de ajuste que integra muchos otros puntos.

El chubutense Mariano Arcioni, en tanto, tiene el corset de una Ley de Emergencia propuesta por la oposición del FpV y cerró la puerta a nuevos ingresos al Estado provincial.

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