“Si me mandan a juicio oral, voy a hacer un show”. Con esa advertencia pícara, Ricardo Echegaray le repite a su entorno que si su frente judicial se enturbia, él intentará hablar.

El argumento que esgrime es que para ejercer plenamente su derecho a la defensa, podría quedar relevado del secreto fiscal.

Para defenderse, Echegaray, patrocinado por el estudio de Arslanian & Asociados, ya elaboró un informe en el que volcó unos 1800 planes de pago especiales otorgados durante su gestión.

La lista es sensible e incluye desde un empresario muy cercano a Mauricio Macri hasta celebrities de la televisión y distinguidas fundaciones. Contiene, incluso, facilidades otorgadas a allegados de jueces federales.

La ley de procedimiento fiscal, en su artículo 101, indica que “los dependientes de la AFIP están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones”, aunque incluye una salvedad “en los procesos criminales por delitos comunes” siempre y cuando “las informaciones se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen”.

Fuente: iProfesional

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