El Directorio de Télam S.E, conformado por Rodolfo Pousá, Ricardo Carpena y Pablo Ciarliero, fue denunciado este martes en la justicia federal por delitos que prevén penas de hasta dos años de prisión a través de una querella presentada por la Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y en el contexto de un feroz programa de desmantelamiento y cierre de numerosas dependencias de la agencia pública de noticias y publicidad.

“Fueron denunciados por incumplimiento de los deberes del funcionario público”

Pousá, Carpena y Cierliero fueron denunciados por “incumplimiento de los deberes del funcionario público”, bajo las figuras de los arts. 248 y 249 del Código Penal, por “dictar órdenes y resoluciones contrarias a las constituciones o leyes nacionales” en medio del conflicto laboral por 357 despidos en la agencia público decididos “por razones ideológicas”, según confesaron públicamente los propios funcionarios.

Uno de los hitos señalados en la denuncia en el singular correo electrónico emitido el viernes pasado por el que el Directorio le comunica, sin más, a los trabajadores de la agencia que no tienen la obligación de asistir al establecimiento de la empresa, ni a cumplir la jornada, ni a cumplir horario; curiosa práctica para una patronal que, más allá de su sentido evidente de ensayar un torpe intento por desmovilizar a los trabajadores, constituye un acto ilegal y violatorio del propio Estatuto Social de Télam.

La querella, además, denuncia como otros actos reprochados por el Código Penal a la propia conducta de los funcionarios, que llevan quince días sin presentarse en las sedes de Télam S.E, y el estado de abandono al que dejaron el patrimonio de los archivos periodísticos y fotográficos de la agencia (este último solamente tiene 12 millones de unidades), que quedaron en estado de riesgo al ser despedidos casi la totalidad de los trabajadores que se ocupaban de su preservación. Un acto brutal destinado a arrasar con la memoria histórica.

“Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo”

El artículo 248 del CP dispone que: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”

Fuente: Tiempo Argentino

DEJÁNOS TU COMENTARIO

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.