El exjuez español Baltasar Garzón y Carlos Poveda, que hacen parte de la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentaron hoy (19.10.2018) en Quito una acción legal de protección a favor del australiano, ante la demanda de Ecuador para que se someta a un nuevo régimen de condiciones de asilo.

Así lo confirmaron ambos en una rueda de prensa en Quito en la que anunciaron que la acción está “basada en la vulneración de sus derechos con respecto a la restricción de telecomunicaciones e implementación unilateral del denominado ‘Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica'”.
Se trata del documento que Ecuador le ha presentado al asilado para definir sus nuevas condiciones de vida dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, donde se encuentra bajo protección desde 2012.

Los dos juristas, miembros del equipo internacional de defensa de Assange, muestran su esperanza de que los “los jueces/as de la República del Ecuador actúen en virtud de la Constitución, los instrumentos de Derechos Humanos y precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La presentación de la acción coincide con la entrega a Assange de un documento con el que Ecuador quiere regular sus condiciones de vida en la legación diplomática de Londres.

Ese documento, del que una copia no confirmada ha circulado por las redes sociales, contempla la devolución al activista de la conexión a internet, después de que se le cancelara en marzo por difundir sus opiniones políticas sobre las últimas elecciones en Estados Unidos, la crisis secesionista catalana y otras por las que el Gobierno de Lenín Moreno recibió quejas de gobiernos extranjeros.

También establece reglas de limpieza con su mascota, protocolos de atención médica, la necesidad de pagarse sus gastos o restricciones a las visitas, so pena de que, de violarlas, se dará por terminada su condición de asilo.

El caso de Assange, calificado por el actual presidente ecuatoriano como “una piedra en el zapato”, es objeto de contactos con el Reino Unido desde hace más de un año, pero las partes no se ponen de acuerdo para una salida con garantías de la legación.

En diciembre pasado, la anterior ministra de Exteriores ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, le concedió la nacionalidad y un cargo diplomático para solucionar el problema, pero Reino Unido rechazó dejarlo salir sin detenerlo.

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