El hecho de que un coche o camión no tenga un tubo de escape no significa que no tenga un impacto negativo en el medio ambiente. O, al menos ese es el caso que está presentando Amnistía International (AI) en contra de los productores de baterías para coches y motores eléctricos, según reportó Reuters esta semana.

Amnistía Internacional afirma que la producción de celdas de batería requiere una gran cantidad de energía, y debido a que muchas de ellas se fabrican en lugares como China, Japón o Corea del Sur, donde la energía se genera predominantemente a través del carbón u otros combustibles fósiles, podría estar causando más daños que cosas positivas.

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Las cosas no lucen más optimistas cuando empiezas a mirar más arriba en el proceso de producción. Muchas de las áreas que son ricas en minerales raros de tierra, necesarios para la producción de baterías y motores, están ubicadas en países con un alto grado de agitación civil y una pobre (o nula) protección de los derechos humanos.

Al igual que con la industria de los diamantes, la extracción y venta de minerales como el cobalto se usa supuestamente para financiar guerras civiles, y no es raro que empresas mineras de menor reputación utilicen también mano de obra infantil. Para tratar de frenar esto, la Bolsa de Metales de Londres ha propuesto prohibir la venta de «cobalto conflictivo», pero no está claro qué efecto real tendría una medida de este tipo.

Más de una docena de organizaciones no gubernamentales (ONG) se han opuesto al plan de la Bolsa de Metales de Londres y en lugar de ello, favorecen un enfoque práctico con las empresas mineras que las eduque e incentive más activamente para cumplir con los estatutos de derechos humanos.

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